TEMAS DE ACTUALIDAD

Los antiguos sistemas procesales penales latinoamericanos de corte inquisitivo estuvieron caracterizados entre varios problemas comunes, por la crónica retardación de justicia y su absoluta incapacidad para dar respuestas a las elementales necesidades y problemas de la víctima, imputado y sociedad toda.

Como respuesta para superar los problemas mencionados, el nuevo sistema procesal penal introdujo incluso en vigencia anticipada una serie de disposiciones como el instituto de medidas cautelares cuyo tratamiento requiere el cumplimiento de presupuestos taxativos que deben ser acreditados para su imposición.

En la actualidad, transcurridos seis años desde la vigencia plena del nuevo sistema acusatorio oral, por causas que obedecen a múltiples factores, en el tratamiento del régimen de medidas cautelares personales, los índices de detenidos preventivos no ha disminuido en los niveles esperados; es más, el porcentaje de detenidos preventivos en los recintos penitenciarios, incluso sobrepasa ya los porcentajes que se tenía con el antiguo sistema procesal.

Con el propósito de readecuar las prácticas de los operadores de justicia en el tratamiento del régimen de medidas cautelares personales, el proyecto de apoyo a la reforma procesal penal, de manera conjunta a los Institutos de Capacitación, en base a la información recogida en el taller de detección de necesidades de capacitación realizado con todos los operadores de justicia, encararán un proceso de capacitación conjunta orientado a la aplicación adecuada y unificada de las medidas cautelares con especial énfasis en lo que hace a la detención preventiva y su cesación a partir de criterios normativo-doctrinales y de doctrina constitucional.

Los procesos de capacitación que han sido encarados tanto por los institutos como por las unidades de capacitación de los operadores de justicia, han priorizado aspectos teórico-técnicos de aplicación práctica del nuevo sistema procesal penal, dejando de lado el análisis y discusión de temas de vital importancia, como las víctimas, derechos y garantías y sistemas de protección.

Aunque el nuevo sistema procesal penal revaloriza a la víctima como sujeto importante del proceso penal, en la práctica diaria los operados de justicia han pasado por alto muchos de los postulados que garantizan los derechos de la víctima en el proceso penal.

En este contexto, uno de los grandes desafíos de la reforma procesal constituye la implementación de un sistema efectivo de atención integral y protección a la víctima, siguiendo los parámetros previstos en la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder” de las Naciones Unidas (adoptada en Asamblea general el año 1985), documento que sienta las bases rectoras del tratamiento a las víctimas asumidas por las legislaciones que implementan un sistema procesal penal de corte adversarial.

Se ha iniciado un proceso de reflexión en torno al tema bajo la dirección del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, que organizó diferentes talleres con operadores de justicia y representantes de las Redes Sociales, logrando información útil y relevante respecto a los derechos y garantías de las víctimas y testigos en el proceso penal que constituye un aporte trascendental para la elaboración del Plan Curricular de capacitación.

El Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha desarrollado la propuesta de creación del Servicio Nacional de Atención  y Protección a Víctimas que se encuentra en fase de aprobación y consenso.

Se han creado Unidades de Atención y Protección a Víctimas por lo que,  emerge la necesidad de capacitar a los recursos humanos que estarán al frente de estas unidades; de los operadores de justicia que requerirán el auxilio de estas unidades y de los funcionarios  de las Redes Sociales que coadyuvarán  en la efectiva realización y respeto de los derechos y garantías de las víctimas en el proceso penal.

Por otra parte, queda pendiente la implementación de un sistema que brinde defensa letrada a las víctimas que es parte del Plan Nacional sobre la temática desarrollada por el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos y de un sistema de protección que garantice la presencia de la víctima durante la sustanciación del proceso penal.

Para este propósito el Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal de la GTZ apoya a los Institutos y Unidades de Capacitación de los operadores de justicia en el diseño de Planes Curriculares de Capacitación y ejecución de los procesos de capacitación sobre la problemática planteada, dirigida a Jueces, Fiscales, Policías y Abogados del ejercicio libre de la profesión.

El proceso de reconocimiento formal de los derechos de los indígenas y protección de los pueblos originarios tuvo una duración de más de medio Siglo, comienza con el Convenio N° 107 de la OIT (1945), reemplazado por el Convenio N° 169 de la OIT (1989), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas -derechos Humanos de tercera Generación- (2007), normativas internacionales que dan lugar al cambio de paradigmas: del culto al individuo por una concepción de la persona en armonía con la sociedad y el medio ambiente.

El reconocimiento de los derechos colectivos implica también el respeto a las personas que integran las comunidades indígenas, este nuevo oleaje o efecto mariposa, que ha producido las insurgencias de los derechos de los pueblos indígenas, conlleva nuevos modos y formas de interacciones. El reconocimiento constitucional multiétnico y pluricultural de la sociedad boliviana es una de las señales de cambio, que va ampliándose, vislumbrando en el horizonte la dinámica de la interculturalidad, con dificultades y aciertos, comprensiones e incomprensiones, excesos y moderaciones, miedos y curiosidades; dinámicas personales y sociales que generan un ambiente de sospechas para algunos e inseguridades para otros.

Es mejor tener una coraza que dé seguridad jurídica, ese caparazón se encuentra en la idea de ciudadanía, de donde no se quiere desprender la persona que siente, de algún modo, estar protegida; porque, aparentemente, ejerce sus derechos en función al interés y protección de los suyos, viendo al conjunto como algo que asecha su propia existencia, para ello necesita de cierto orden que tranquilice su conciencia, sin cuestionar que el bienestar se encuentra en la persona, en sí mismo, no acaba de entender que la armonía social se desprende de interacciones comunicativas de buena fe, vale decir, conocer el mundo de vida de uno misma y de los demás, interrelacionarse en función de construir nuevos espacios de entendimiento, respetando los derechos personales y sociales de cada pueblo.

La integración social es producto de las acciones de las personas, para lograr dicho propósito se necesita realizar indagaciones interpersonales. El conocimiento de las características de las 36 etnias asentadas en territorio boliviano, merece una serie de cambios, políticos, económicos, sociales, jurídicos y culturales, esta es la etapa de conocer las interacciones personales dinámicas, que se encuentran libres de formalismos. Todo cambio conlleva ansiedades de distinta naturaleza, como también esperanzas de mejor vida. Es momento de averiguar, conocernos y reconocernos, despojando prejuicios y limitaciones, removiendo y modificando estructuras mentales cristalizadas, para asumir renovadas actitudes personales y sociales.

El nuevo paradigma del pluralismo jurídico exige que los esquemas mentales se flexibilicen y acepten el reto de las nuevas relaciones sociales que se van emprendiendo, esto exige mayor esfuerzo en interacciones, comprensiones e interpretaciones de proposiciones, de actitudes propositivas, valiéndose de los principios de complementariedad, solidaridad y unidad en la diversidad, para construir nuevas situaciones y valores de convivencia social armónica.

Conocer los nuevos retos en lo que refiere no sólo al reconocimiento de lo que viene a ser la sociedad multiétnica, caracterizada en la representación de un pluralismo cultural que es viva expresión de las comunidades indígenas, es además la interculturalidad dinámica que va creando situaciones socioculturales que vislumbran la existencia de sistemas jurídicos diversos, que interactúan bajo la protección de la normativa constitucional.

Este proceso de construcción y aprendizaje, necesariamente implica la participación de actores sociales culturalmente distintos, aspecto que demanda tiempo y recursos, la misma que se puede suplir con la intervención de indígenas que relaten las formas de enjuiciamiento en las comunidades, o el análisis de relatos de indígenas surgidos al calor de las entrevistas de investigadores, así como la intervención de éstos que indagan las culturas de pueblos originarios.

Asimismo, para que el proceso penal ordinario se desarrolle tomando en cuenta la cosmovisión, formas de vida, tradiciones y valores de indígenas que están siendo juzgados por la justicia penal ordinaria, es menester la intervención de un perito especialista en culturas y sistemas jurídicos de comunidades indígenas y sindicatos, para que informe a las partes y sujetos procesales de la cultura del imputado. De esta manera se estaría llenando la falta de implementación del peritaje cultural, previsto en el Código de Procedimiento Penal.

La capacitación de los operadores de justica implica la comprensión de las culturas de las comunidades indígenas, el reconocimiento oficial de las mismas y la interacción de éstas con la cultura occidentalizada. Por otro lado, el manejo conceptual que proviene de la normativa internacional, el desarrollo del pluralismo jurídico y la utilización de técnicas e instrumentos que ayudan al procesamiento penal de indígenas mediante el ordenamiento jurídico ordinario.

La comprensión de la sociedad boliviana compuesta por varias etnias y diferentes culturas, pasa por entender la interculturalidad que ha preexistido a las formas de dominación, un ensayo planificado de capacitación, servirá para comprender la dinámica de la interculturalidad y abrir procesos de entendimiento para conocernos y reconocernos.