Si bien se suele acertadamente conceptualizar al Código de Procedimiento Penal como una norma de desarrollo de los preceptos constitucionales relativos a la materia, es evidente que tratándose de nuestro país Bolivia, en el ámbito estrictamente normativo, la Ley Nº 1970 marcó sólo el inicio del proceso de reforma procesal penal.

En efecto, el nuevo Código de Procedimiento Penal marcó el inicio de un amplio como ambicioso proceso encarado por el Estado boliviano que, asumiendo su identidad de Estado Democrático y Social de Derecho, estaba obligado a desterrar la legislación y cultura inquisitiva propia de un Estado autoritario, por un sistema de corte garantista, acusatorio y oral, es decir, afín al Estado Democrático y Social de Derecho.

En el ámbito estrictamente normativo, el cambio del antiguo sistema procesal penal contenido en el Código de Procedimiento Penal y otras normas conexas introducidas en la década de los años 70, generó el denominado “efecto dominó”, pues producido éste cambio en el Código Procesal, prácticamente todas las restantes normas vinculadas al anterior sistema, necesitan ajustes en algunos casos, reformas totales en otras, y en otros específicos, creación de nueva normativa.

Prueba de ello es que de manera posterior a la vigencia de la Ley Nº 1970, se sancionaron otras nuevas normas, como la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 2175 de 13 de febrero de 2001), la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001) o la Ley del Servicio Nacional de la Defensa Pública (Ley Nº 2496 de 4 de agosto de 2003), entre otras normas conexas.

No obstante, las exigencias del nuevo sistema procesal penal que no puede quedar reducido al simple reemplazo de un Código procesal por otro, sino al cambio de un sistema procesal inquisitivo por el acusatorio oral, acarrea una serie de ambiciosos cambios que, en el área normativa, deben ser encarados a mediano - largo plazo y desde una visión que abarque además de reformas legales de fondo que implica introducir reformas a las leyes orgánicas de las instituciones operadoras del sistema, también alcance a la normativa interna de las mismas e incluso, comprenda el desarrollo de instrumentos de apoyo a los operadores del sistema, que faciliten la aplicación uniforme y coherente del nuevo sistema procesal penal y generen espacios de contacto entre los operadores.

En esa línea el Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal en su actual fase desarrollo, acompaña a las instituciones del Estado Boliviano (Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Fiscalía General, Servicio Nacional de Defensa Pública y Policía Técnica Judicial) en el desarrollo de la normativa orgánica e interna, así como en el desarrollo de instrumentos de apoyo para la aplicación del NCPP. En concreto, se ha trabajado y/o trabaja entre otros temas, en el desarrollo de circulares, instructivos o direcciones en temas relativos a la dirección funcional de la investigación criminal u otros; la sistematización de la jurisprudencia constitucional relativa al NCPP; la sistematización de los Autos de Vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito; la actualización del Código de Procedimiento Penal electrónico (versiones 1.0; 2.0 y 3.0) o el desarrollo o actualización de manuales de investigación, cadena de custodia y otros.