Pretende lograr que las principales instituciones del sistema de justicia penal (en especial, la Magistratura, la Fiscalía, la Defensa Pública y el foro de Abogados), apliquen el nuevo procedimiento penal en mayor coordinación con las demás instancias.

Con ese propósito y continuando con las actividades realizadas desde las anteriores fases, durante la actual fase de desarrollo del Proyecto, las actividades están centradas en crear espacios de coordinación formales e informales entre los operadores que requieren cumplir sus funciones de manera mucho más coordinada: por una parte la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía de Distrito y, por otra, la Corte Superior y la Fiscalía de Distrito, en cada departamento.

Inicialmente se identifican y recopilan con los mismos operadores los problemas de coordinación que enfrentan en su relación de trabajo con los otros operadores (Fiscalía – FELCC y Fiscalía – Vocales y Jueces Penales), para luego diseñar agendas conjuntas de trabajo que luego son discutidas entre los representantes o grupo de coordinación de cada organismo en reuniones de trabajo conjuntas en las que se analizan los problemas y se logran consensos básicos de solución de los problemas.

Las soluciones son luego transmitidas a los restantes operadores, sin perjuicio de las circulares o instructivos emitidas como resultado de cada reunión o de las posteriores  reuniones o contactos tanto formales como informales que se acuerdan u otras actividades acordadas.

Posteriormente, se hacen reuniones periódicas de seguimiento de los acuerdos y/o discusión de nuevos problemas.