Bolivia, como muchos países de América, enfrenta un gran proceso de reformas en el ámbito judicial y muy particularmente en materia penal con la incorporación de un nuevo sistema procesal penal a través de la ley 1970 Código de Procedimiento Penal, cuya entrada en vigencia constituye el inicio de cambios de comportamiento y actitudes de los operadores de justicia que requiere el nuevo sistema procesal penal.

Frente a la nueva realidad que viven los operadores de justicia surge nítidamente la necesidad de capacitar a los recursos humanos en procura de consolidar el nuevo sistema procesal penal, pero con nuevos paradigmas de educación vinculados al “saber más” y “aprender continuamente”, utilizando para ello modalidades como la formación de formadores que multipliquen la capacitación a sus pares.

La calificación y competencia de los operadores de justicia, así como su formación y perfeccionamiento, tienen relación directa con el éxito de las reformas implementadas, plasmada en la capacitación de los recursos humanos, pero que sin embargo esta capacitación permanente, no debe abarcar tan solo a los operadores de justicia jurisdiccionales y fiscales que son los únicos que cuentan con institutos de capacitación, sino que, la formación y perfeccionamiento debe llegar también a los otros operadores de justicia como son los Defensores Públicos, Policías y Abogados del foro nacional.

En función a esta realidad, el Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal de la GTZ de la Cooperación Técnica Alemana, a través de su unidad de Capacitación, constituye el vehículo idóneo para alcanzar por medio de la capacitación, el objetivo central del proyecto; la aplicación correcta, efectiva y coherente del código de Procedimiento Penal, para ello tiene definido el Plan Curricular de Capacitación que llegará a todos los operadores de justicia de Bolivia, en principio con un curso central de capacitación a capacitadores y el proceso replicatorio posterior con los capacitadores previamente formados.

Sin embargo, respecto a los operadores de justicia de la Defensa Pública y Policía Técnica Judicial, por la situación especial en el sistema, el proyecto mantendrá aún la capacitación directa en función a las necesidades de capacitación priorizadas en la Programación Operativa Anual.