Desde 1998 apoyamos la concepción y posterior implementación de la Reforma Procesal Penal que entró en plena vigencia el 31 de mayo de 2001. Cooperamos con los actores principales del sistema penal y sus instituciones respectivas: Policías, fiscales, defensores públicos, jueces y abogados.

En un sinnúmero de cursos a la fecha se capacitaron más de 6.000 personas en la aplicación práctica del nuevo código de procedimiento penal. Estas actividades se complementan con la publicación y difusión de manuales, guías y literatura específica.

Además fomentamos la cooperación interinstitucional de las entidades involucradas y aportamos a la elaboración de las normas complementarias y leyes organizativas. Apoyamos la transferencia de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas en la reforma procesal penal a los órganos nacionales, por lo que formaremos en el desarrollo de esta fase a líderes de los operadores del sistema que reciban estos conocimientos y puedan transferirlos a sus pares.

Hacemos esfuerzos conjuntos con el estado boliviano para que los procesos penales sean hoy en día más rápidos, más democráticos y transparentes. En resumen: más justos.