Disminución en las capitales de los nueve departamentos del número de procesos denunciados ante el Ministerio Público y rechazados por esta instancia debido a errores cometidos en la etapa de la investigación, en un 25%.

Disminución en un 60% del número de expedientes elevados en revisión a las cortes superiores de las capitales de los nueve departamentos conteniendo errores formales, razón por la cual fueron rechazados (apelaciones restringidas).

Los fiscales de las capitales de los nueve departamentos elevaron en un 30% el número de solicitudes por una conclusión alternativa de los procesos criminales.

El número de los detenidos preventivos, cuyo plazo de detención máximo hubiera expirado (Referencia: 06/2007), se redujo en las cárceles del país mínimamente por un 50%.

Un 40% de victimas (de crímenes contra la integridad física y la autodeterminación sexual; entre ellos un mínimo de 50% de mujeres) que solicitan asistencia del sistema penal, han recibido atención y protección integral (asistencia jurídica, psicológica y social) (Referencia: 2007).